El pasado 10 de octubre se aprobó en el último debate de la Cámara de Representantes, el Acuerdo de Escazú, con 119 votos a favor. En los próximos días pasará a conciliación del Congreso, para su sanción y luego podrá convertirse en Ley de la República.
Este acuerdo fortalecerá la protección de defensores ambientales, así como de pueblos étnicos, ambientalistas, académicos, guardaparques, funcionarios, entre otros. Además, también contribuye a la prevención de conflictos sociales y ambientales.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, indicó “Este es un triunfo de la juventud y esperamos honrarlo con un plan de implementación para que podamos tener más decisión de la ciudadanía en las decisiones ambientales, más participación y defender a quienes defienden el ambiente”.
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Cuando éste acuerde sea sancionado por el presidente Gustavo Petro, se harán realidad cinco acciones a corto plazo:
- Política de Manejo de Información Ambiental.
- Estrategia de acompañamiento a defensores ambientales.
- Ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales.
- Apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.
- Sistema de información sobre conflictividad socioambiental.
Los conflictos socio ambientales que se podrían prevenir con el Acuerdo de Escazú son:
- El del Suroeste Antioqueño: La compañía minera usó los caudales de agua para el proceso de exploración para realizar minería ilegal de oro, mientras construía una vía que afectó árboles nativos y un helipuerto sin autorización.
- El de Santurbán: La minería Eco Oro demandó al país por 736 millones de dólares, asegurando que sus inversiones se vieron afectadas por la prohibición de exploraciones en el páramo de Santurbán. Un fallo internacional le dio la razón al país, explicando que tiene derecho a delimitar sus páramos, pero afirma que Colombia violó el trato justo al inversionista extranjero.
- Hidroituango: Se pudieron prevenir los daños causados por la construcción de la hidroeléctrica, al tener en cuenta los riesgos ambientales del proyecto. Y las implicaciones que tendría al haber ausencia de participación de comunidades locales.
El Acuerdo de Escazú podrá convertirse en Ley de la República y garantizará el acceso a la información, la justicia ambiental y la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones en este sector. Por medio de información oportuna y clara sobre los procesos que puedan afectarlos a ellos y a sus territorios.
Fuentes: Minambiente | Fondo Mundial para la Naturaleza
